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La Comunidad de Madrid intervendrá ocho residencias privadas desbordadas por el coronavirus

Dos semanas después de que se conociera la devastación que el coronavirus está provocando en residencias de ancianos de Madrid, la Comunidad ha anunciado que intervendrá ocho geriátricos privados en situación crítica. La medida llega tarde y es insuficiente según familias y sindicatos. Supondrá que un funcionario de la Comunidad dirigirá los centros y podrá reforzar la plantilla, del mismo modo que ya han hecho otros gobiernos regionales.

La lista madrileña incluye algunos de los centros que se han visto envueltos en la tragedia: Monte Hermoso, San Celedonio, Vitalia Leganés, Casa Quinta Ciempozuelos, DomusVi Espartales (en Alcalá de Henares), Sergesa Boadilla, Fundación Reina Sofía e Isabel la Católica (este último es una residencia pública gestionada por la empresa privada Aralia).

Las alarmas saltaron hace dos semanas cuando familiares, trabajadores y médicos filtraron a la prensa que el virus había matado al menos a 19 mayores en Monte Hermoso. Desde entonces miles de familias han recibido con angustia un goteo incesante de noticias sobre el avance mortal del coronavirus en las residencias, en algunas ocasiones ocultado por las empresas.

En la lista faltan muchas residencias madrileñas donde el virus ha entrado y se expande causando la muerte de muchos ancianos. Según una portavoz de la Comunidad, los ocho seleccionados “son los más necesitados” de acuerdo a una inspección conjunta con el Ayuntamiento y la Unidad Militar de Emergencias. Pero según múltiples voces del sector, la Comunidad de Madrid no tiene medios para evaluar el alcance del daño del virus en los geriátricos madrileños ni para realizar acciones más rápidas y contundentes. En la región hay 475 residencias de mayores, según el dato recientemente actualizado por el Gobierno regional.

Madrid se suma a otras cinco comunidades donde las autoridades regionales han intervenido residencias, entendiendo como tal que un funcionario asuma la dirección. Son medidas limitadas a una parte muy pequeña del sector en cada comunidad. Extremadura ha intervenido tres; Cataluña, dos; Galicia, dos, Castilla y León, uno; y Andalucía, uno.

La Comunidad Valenciana ha tomado una medida de alcance más amplio pero menos intromisiva: en 81 centros tomará el control sanitario de los mismos, los refuerza con personal y los adscribe a su área hospitalaria. Pero esto no implica un cambio en la dirección del centro. Aragón ha actuado en la misma línea, al haber tomado el control sanitario, que no asistencial, de cuatro residencias, y Castilla-La Mancha también ha centralizado la atención sanitaria de algunos centros, aunque no precisa el número.

Condiciones “extremas”

En Madrid, el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, anunció esta medida este martes por la tarde en una videoconferencia con los portavoces del ramo de los partidos en la Asamblea madrileña. Reyero (de Ciudadanos) ha visto reducido su poder en medio de la crisis. Obedece ahora al “mando único” del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (del PP).

La intervención se producirá este miércoles, nueve días después de que la Comunidad fuera habilitada para ello por el Ministerio de Sanidad. Una orden ministerial dio luz verde a la Comunidad de Madrid para que interviniera geriátricos privados el lunes de la semana pasada. La Comunidad aprobó su propia orden el viernes y hasta este martes no ha anunciado la medida que, según el texto, da el control del centro al funcionario. Según una portavoz de la consejería de Políticas Sociales, en la práctica los funcionarios actuarán mano a mano con los directores de las empresas.

UGT advierte de que muchas residencias madrileñas no incluidas en la lista están operando en condiciones extremas. Carecen de personal debido a que los cuidadores ha caído enfermos y no encuentran reemplazo. Según su estimación, entre el 40% y el 60% del personal está de baja. Sus solicitudes de ayuda urgente no tienen efecto. “Hemos pedido de todo. Ya no sabemos que hacer”, dice Margarita Domínguez, secretaria de Dependencia de UGT Madrid.

La Comunidad está buscando personal debajo de las piedras porque las residencias dicen que no encuentran a casi nadie dispuesto a entrar en un centro y contagiarse. Las autoridades regionales están pidiendo auxilio a Ayuntamientos, al tercer sector y al Estado.

Las familias reclaman incesantemente más ayuda para los centros. La asociación Pladigmare ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía porque muchas residencias no están separando a los mayores enfermos de los sanos. Otra asociación, Ademaf, se queja de que la intervención anunciada hoy solo llega para los casos más escandalosos. “Mientras no salen en la televisión no hacen nada”, dice su presidenta, Carmen López.

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